Guía
Regional

La situación del acoso escolar por homofobia y transfobia en Iberoamérica.

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Datos sobre acoso escolar por homofobia y transfobia en Colombia

59,4%

del alumnado lgbt nunca reportó los incidentes de acoso al personal del colegio

  

60,1%

tampoco lo reportó ni siquiera a su familia

19,18%

del alumnado de bogotá afirma haber sido testigo de maltratos, discriminación, rechazo o acoso motivado por orientación sexual

67%

del alumnado lgbt manifiesta sentirse inseguros en sus colegios debido a su orientación sexual

21,4%

reportó no haber asistido al colegio en al menos una ocasión debido a sensaciones de inseguridad o incomodidad

alumnado LGBT víctima de acoso verbal

Alumnado lgbti víctima de acoso verbal

70,8%

debido a su
expresión de género

70,2%

debido a su
orientación sexual

Leyes y políticas públicas

La Constitución Política de Colombia (1991) afirma en su artículo 13 que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Por otra parte, en su artículo 16, menciona que “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

La Corte Constitucional de Colombia, el máximo órgano de la Rama Judicial, encargado por velar por la preservación de la Constitución y de los derechos fundamentales, tuvo la oportunidad de conocer y revisar varios casos de personas que encontraban vulneraciones de sus derechos, y acudían a jueces de la república, buscando su defensa.

El Alto Tribunal en la revisión de esos casos, encontró que niños, niñas y adolescentes LGBT eran objeto de sanciones, expulsiones y tratos discriminatorios por su orientación sexual e identidad de género en colegios y universidades. En el caso de los colegios concretamente, muchas veces se alegaba la autonomía educativa para fijar cualquier regla (entre ellas la prohibición de la homosexualidad o normas que desconocían la identidad de género), como también se alegaba la libertad de cultos y, en ocasiones, que las reglas de las instituciones educativas hacían parte de un contrato que los padres y madres aceptaban al matricular a sus hijos e hijas en la escuela.

Todas estas normas, prohibiciones y sanciones se encontraban contempladas dentro de los llamados Manuales de Convivencia, que son un instrumento en el cual las comunidades educativas plasman sus acuerdos como comunidad y establecen obligaciones, derechos y responsabilidades de los miembros de la comunidad. Un problema recurrente era que estos manuales de convivencia, inspirados por la fe católica o por el prejuicio y la ignorancia, muchas veces restringieron los derechos de grupos históricamente discriminados. Así, por ejemplo, mujeres embarazadas fueron expulsadas de las escuelas, estudiantes LGBT sufrieron discriminaciones, sanciones, expulsiones, etc.

La Corte, en aplicación del artículo 4 constitucional (sobre la prevalencia de la Constitución) y recordando la importancia de los derechos fundamentales, empezó a hilar con sus sentencias las limitaciones que tenían los colegios a la hora de regular las conductas y aspectos de sus estudiantes y del mismo Estado. De esta forma, la Corte Constitucional construyó una base jurisprudencial fuerte en materia de protección de derechos, que lentamente impidieron que estudiantes y docentes LGBTI fueran víctimas de discriminación, sanción o expulsión en sus escuelas, ya fuera por parte de directivas, docentes o incluso estudiantes. A continuación se presentan las sentencias más importantes en la materia.

En la Sentencia T-539/94 de la Corte Constitucional existe una aclaración de voto de los magistrados Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, en la que expresan: “Toda consideración basada en la conducta sexual como factor de desigualdad, lleva en sí el germen de la discriminación. La corte por tal motivo, no debe hacer análisis que partan del supuesto de tratar a los homosexuales como seres distintos a la generalidad de los humanos”. Igualmente se establece en dicho fallo: “Los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de su condición de tales. El hecho de que su conducta sexual no sea la misma que adopta la mayoría de la población, no justifica tratamiento desigual”.

En septiembre de 1998, se debatió e impugnó el Estatuto Docente establecido por el Decreto ley 2277 del año 1979, ya que se consideraba a la homosexualidad como una causa de “mala conducta” que daba lugar a sanciones y castigos del personal docente. La Corte Constitucional, en su Sentencia C-481/98, declaró que la “Homosexualidad no es falta disciplinaria en el ejercicio docente”. En sus consideraciones, la Corte reconoció que “las personas homosexuales gozan de una doble protección constitucional”. Así, si la orientación sexual se encuentra biológicamente determinada, como lo sostienen algunas investigaciones, entonces la marginación de los homosexuales es discriminatoria y violatoria de la igualdad, pues equivale a una segregación por razón del sexo (CP art, 13). Por el contrario, si la preferencia sexual es asumida libremente por la persona, como lo sostienen otros enfoques, entonces esa escogencia se encuentra protegida como un elemento esencial de su autonomía, su intimidad y, en particular, de su derecho al libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16). Por cualquiera de las dos vías que se analice, el resultado constitucional es entonces idéntico, por cuanto implica que todo trato diferente fundado en la homosexualidad de una persona se presume inconstitucional y se encuentra sometido a un control constitucional estricto.

La Corte Constitucional, en su Sentencia T-268/001, destaca: “Dentro del ámbito de la autonomía personal, la diversidad sexual está claramente protegida por la Constitución, precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en el cual puedan 'coexistir las más diversas formas de vida humana'. Debe entenderse que la sexualidad es un ámbito fundamental de la vida humana que compromete no sólo la esfera más íntima y personal de los individuos, sino que pertenece al campo de su libertad fundamental y del libre desarrollo de la personalidad, motivo por el cual el Estado y los particulares no pueden intervenir en dicha esfera, a menos de que esté de por medio un interés público pertinente. El Estado, como garante del ejercicio plural de los derechos en una colectividad, debe permanecer en principio neutral ante las manifestaciones sexuales diferentes como la homosexualidad, sin pretender imponer criterios ideológicos o morales específicos. Sin embargo, su injerencia resulta legítima, e incluso necesaria, en aras a asegurar los fines del Estado cuando las manifestaciones de diversidad o el ejercicio de derechos atenten indiscutiblemente contra la convivencia y la organización social de manera tal que resulten abusivas e ilegítimas, en detrimento de la comunidad”.

En mayo de 2002, en la Sentencia T 435/02, la Corte Constitucional declaró que los colegios no pueden establecer normas en los manuales de convivencia que sancionen “la homosexualidad o el lesbianismo”, en respuesta a que la dirección del Colegio Nuestra Señora de Nazareth del municipio de Bosa canceló la matrícula de una alumna alegando que “dudaba de su identidad sexual”.

En relación con los derechos estudiantes trans, las Sentencias T-562 de 2013 y T-565 de 2013 destacan que el uso de uniforme correspondiente con la identidad de género y el uso de maquillaje y cabello largo para mujeres trans son derechos fundamentales del alumnado al libre desarrollo de su personalidad y a la educación. Así, en la Sentencia T-562 de 2013 concretamente dijo la Corte que “la norma del reglamento estudiantil al establecer un uniforme para damas y otro para varones, no implicaría vulneración alguna a los derechos de los estudiantes, pero si con ello se impide el goce del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del estudiantado, y más aún cuando con ello se restringe el acceso a la educación de una persona que no se siente identificada con el uniforme de su sexo biológico, poniendo por encima el cumplimiento del reglamento, dicha medida no cumple con un fin constitucional imperioso.”

A raíz del caso de Sergio Urrego2, la Sentencia T-478 de 2015, ordenó la plena implementación de la Ley 1620 de 2013 que hasta el momento había tenido muy baja asignación presupuestal y ejecución, y ordenó que el Ministerio de Educación de Colombia revisará todos los manuales de convivencia de los colegios del país para garantizar que fueran respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Por otro lado, reiteró que las instituciones educativas no pueden prohibir ni sancionar con sus manuales de convivencia, la orientación sexual y la identidad de género del alumnado.

En materia legal, el Congreso de la República fue renuente durante varios años a velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes LGBTI en la escuela. Inicialmente la Ley General de Educación 155 de 1994 (art. 13), establece que uno de los objetivos de la educación consiste en “Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable”.

Sin embargo, el gran desarrollo en esta materia se dio con la aprobación de la Ley 1620 de 2013, por la que se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Mediante esta ley se pretende fomentar y proteger los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, y, por otra parte, mitigar, atender de manera clara e integral la violencia y el acoso escolar en las escuelas.

El sistema establece una serie de obligaciones, y es relevante por tres razones:

• Ordena a los colegios conformar Comités Escolares de Convivencia, integrados por representantes de la comunidad educativa (Estudiantes, padres/madres, docentes, y directivas), desde donde se deben promover los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, se deben hacer campañas de prevención del acoso y violencia, se deben atender conflictos de convivencia como también casos de acoso y/o violencia y por último por ser el órgano que recibe estas situaciones, y activar las rutas y protocolos de atención de casos.

• Ordena modificar los manuales de convivencia, para incorporar el respeto por los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, como también, para incorporar nuevas formas de manejar los conflictos y situaciones en la escuela, desde una perspectiva pedagógica y no punitiva. En Colombia fue un problema recurrente que los colegios utilizaban las sanciones, expulsiones, y suspensiones como mecanismos punitivos para castigar los errores, pero no permitían a los y las estudiantes aprender del error.

• Establece una ruta de atención integral y protocolos para atender casos de acoso escolar en la escuela, motivados por cualquier razón, entre ellos, orientación sexual e identidad de género. Y clasifica las situaciones que se presentan en la Escuela en tres tipos: Situaciones Tipo I, Tipo II, y Tipo III, donde según el tipo de situación y su clasificación, se activa una ruta u otra.

Concretamente, sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género, el artículo 5, en numeral 4 de la Ley 1620 de 2013 establece que uno de los 5 principios del Sistema es la Diversidad, y lo define de la siguiente forma: “El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.”

En su artículo 20, sostiene que “[…] los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante”.

Por su parte, el Ministerio de Educación, haciendo uso de las facultades reglamentarios, expidió el Decreto reglamentario 1965 de 2013, mediante el cual se reglamentó la Ley 1620 de 2013. Este decreto establece las pautas mínimas sobre cómo aplicar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos, para prevenir y mitigar las situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Sin embargo, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar no menciona explícitamente la diversidad sexual o de identidad de género en ninguno de sus apartados, pero gracias a la Sentencia T-478 de 2015, se entiende que hoy en día, cualquier agresión o forma de acoso escolar motivada por orientación sexual o identidad de género debe ser prevenida, atendida y tramitada de acuerdo a los protocolos de los artículos 42, 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013.

La Ley Antidiscriminación de Colombia (Ley 1482 de 2011) modifica el Código Penal para agregar el artículo 134a, que establece que es un delito en Colombia la discriminación motivada por orientación sexual. Incluye también como circunstancia de agravación punitiva que “La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad o adulto mayor”. Esta norma es aplicable a cualquier persona y, por tanto, relevante en el ámbito educativo.

A pesar de las mencionadas medidas legales progresistas, la investigación cualitativa y cuantitativa emergente revela que las escuelas siguen siendo espacios para la reproducción de las desigualdades de género y la discriminación por identidad de género y orientación sexual.

1. Citado en Fajardo, L. (2005)
2. Sergio Urrego fue un estudiante acosado por las directivas y algunos docentes de su colegio, por su orientación sexual: se le obligó a recibir tratamiento psicológico, a revelarle su orientación sexual a su madre y se le denunció penalmente por acoso sexual (por parte de los padres de su novio). También su madre fue denunciada de manera temeraria ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por supuesto abandono familiar. Todo esto llevó a Sergio a suicidarse y abrió un debate en Colombia sobre el acoso escolar por orientación sexual. Para más información: http://www.colombia-diversa.org/p/sergio-urrego.html

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Alcance: Municipal y Regional
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PROGRAMA DE ACCIÓN POR LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (PAIIS) – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | Bogotá
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Dirección: Cra. 7 #22 - 86
Alcance: Distrital.
Mail: paiis@uniandes.edu.co
Teléfono: (+57 1)3394949 ext. 5485